Titulo:

Desarrollo y los derechos humanos de los pueblos indigenas

Participante: Braulio Morales M, Ph.D[1], Arturo Perales Salvador, Ph.D[2], Lorenzo Reyes R, Msc²

País de origen: México

1.      Introducción

El siglo xx representa para la región y el mundo cambios significativos en el desarrollo tecnológico, económico-social, y un período de riesgo, incertidumbre, turbulencia social  y muerte en Centroamérica. La región es considerada política y militarmente estratégica para los intereses norteamericanos y éstos siguen en la ruta por asegurar y apoderarse de los recursos que tiene el Sur-Sureste de México y Centroamérica. Durante la década de los 90’s del siglo pasado, realizaron estudios de investigación que les permitió determinar los recursos que posee la región y fijar estrategias para hacer uso de los mismos en beneficio de los grandes intereses trasnacionales (empresas norteamericanas) y de una que otra empresa “nacional”. Estos intereses foráneos han logrado fondos para que instituciones de investigación y docencia de la región realicen los estudios en beneficio de los intereses del sector privado dejando excluido a la sociedad, y justifican su acción afirmando que solo ese sector es capaz de detonar el desarrollo regional.

Centroamérica, al igual que otras regiones del mundo enfrenta “el proceso de apertura y globalización de la economía, de cambios tan profundos y acelerados en sus formas de producir, de comerciar, de comunicarse y de vivir. Los países centroamericanos hacen esfuerzos por transformar sus estructuras empresariales e institucionales para adaptarse a ellas”[3].

En 1984, los Presidentes Centroamericanos reunidos en Guácimo; Alajuela, Costa Rica, declaran “la Alianza Sostenible de Centroamérica (ALIDES) y proponen orientar los esfuerzos regionales hacia un desarrollo humano más sostenible en la búsqueda del bienestar social y el equilibrio ambiental y es así como la declaración de Guácimo sintetiza esa visión”[4]: manifiestan que conciben un crecimiento económico con equidad, sin degradar los recursos naturales, pero que al mismo tiempo sea capaz de generar oportunidades genuinas de progreso para los grupos más vulnerables de las poblaciones centroamericanas. La inserción inteligente en el comercio mundial debe sustentarse en el mejoramiento de la calidad, destreza y habilidad de los trabajadores, así como en la modernización de las empresas.

El plan regional en su diagnóstico ubica en el centro de la discusión, que Centroamérica posee claras oportunidades de ofrecer a los inversionistas extranjeros toda su ventaja competitiva internacional y no como los objetivos del Mercado Común Centroamericano (MCCA) que planteaba las ventajas comparativas de cada país; hoy se hace evidente:

1. su privilegiada posición geográfica
2. su extraordinaria diversidad ecológica, lo que encierra recursos ambientales que son únicos en el mundo y
3. su extraordinario potencial agrícola y forestal que puede ser explotado durante todo el año[5].

Sin embargo, “los expertos” de la región no han sido capaces de revisar la historia de sus propios pueblos y en especial de los pueblos indígenas, quienes sin haber realizado estudios de competitividad o productividad de los recursos existentes saben que la región ha servido de puente cultural entre las dos grandes civilizaciones del continente, los Mayas en el Norte y los Incas en el Sur; y con una biodiversidad (flora y fauna) que es única en el planeta porque es el resultado de la posición geográfica de la región. Sus recursos forestales e hídricos son fuente de energía y que por las políticas de marginación ejercidas por los estados-nación son hoy el hábitat de los pueblos indígenas que conforman el mosaico cultural del área. Esas áreas son un recurso vital ahora; y, los empresarios nacionales y extranjeros están dispuestos ha apoderarse de ellos porque representa una importante fuente para la obtención de ganancias; y, de nuevo Centroamérica enfrenta nuevas formas de explotación, expoliación y apropiación  de sus recursos y para ello los intereses privados han ideado las condiciones que les permita usar los recursos que dan energía, ecoturismo, comunicación y otros servicios necesarios al gran capital.

Las políticas de regionalización y globalización han conducido a las economías centroamericanas a crear bloques de intereses económicos; y, es por eso que han tratado en las últimas seis décadas de constituirse en Mercado Común Centroamericano (MCCA); y, hoy como región a ser parte importante en la formación del ALCA.

La nueva estrategia del gran capital es que a través de una aparente planificación regional y en la que los estados-nación pretenden una simbiosis de la diversidad en la unidad económica y social, lanzan el Plan Puebla Panamá en el marco jurídico del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla[6] y lo justifican anunciando la creación de empleos, mejoramiento de la balanza de pagos, ahorro de divisas, distribución del ingreso, combate a la pobreza, bajar la tasa de migración interna como externa y en general mejorar el bienestar social.

2.      Derechos Humanos y Pueblos Indígenas

El tema de los derechos humanos y los pueblos indígenas implica tener claro el concepto del estado-nación, sus territorios, su población y esa división administrativa impuesta por el estado español a partir de la colonia. Antes de este hecho, los pueblos indígenas no conocían ni se regían por el concepto del estado, más bien su pensamiento y comportamiento estaba dado en términos del derecho consuetudinario y la concepción de sus territorios.

Es por eso, que el concepto de derechos humanos supone en primer lugar el reconocimiento tácito de la dignidad del ser humano frente a las actividades del Estado[7] o de una organización social diferente al individuo y que rige sobre un territorio.

Tratándose de los antecedentes de la aplicación del derecho del conquistador en los territorios americanos (conquistados por los españoles), estos se basan en lo que la Corona española dicta de “buena fue” en las conocidas Leyes de Indias, que a la letra en alguno de sus párrafos dice: “y porque nuestro principal y voluntad siempre ha sido y es la conservación y agmento de los indios y que sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa Fe católica y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros que lo son, encargamos y mandamos a los del dicho nuestro Concejo tengan siempre muy gran atención y especial cuidado sobre todo de la conservación y buen gobierno y tratamiento de los dichos indios y de saber cómo se cumple y executa lo que Nos está ordenare para la buena gobernación de nuestras Indias y administración de la justicia en ellas, y de hacer que se cumpla y excute, sin que ello haya remisión, falta ni descuido alguno”[8].

Por los excesos cometidos por algunos de los súbditos de la Corona y con la esperanza de seguir manteniendo al pueblo en paz, se hace un reconocimiento por lo menos en la ley de que los indios no deben ser esclavos ni tratados como tal, sin embargo; en el mismo párrafo del mandato se violenta el libre pensamiento de creencia de los indígenas al ordenarse que estos deben ser instruidos en la fe católica con todo lo que significaba para los pueblos indígenas y que aún después de 500 años significa.

En otro de los apartados del mandato legal, es significativo que la Corona se preocupó de que sus súbditos administrativos o representantes en el Continente no abusen de los conquistados, que se guardaran sus usos y costumbres pero que fueran tratados como vasallos de la Corona de Castilla. Hay contradicciones en estos mandatos, pero se percibe la intención de plantear cierto respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Es por eso, que la historia de la relación del estado o más bien de la Corona de Castilla con los indígenas se plasma en las Leyes de Indias y que hoy todavía sirven como un referente, por su profundo impacto en el desarrollo del reconocimiento social. Algunos estados del área centroamericana hasta hace algunas décadas no reconocían la existencia de los pueblos indígenas a pesar de que en uno de ellos representan el 46% de su población; y a todas luces manifestaban el rechazo al levantamiento de barreras que impiden el contacto más estrecho entre indios, ladinos o mestizos y la medición de justicia estaba muy diferenciada al igual que sus derechos. Esta tendencia impulsada por el estado o más bien por los grupos de poder, se ve impactada cuando los pueblos indígenas organizados muchas veces por extraños (de buena fe) a sus propios pueblos y que detectaban el impacto demoledor de las políticas de los estados en contra de estos pueblos originarios, inician una serie de actos para que éstos despierten del letargo en que habían sido sumidos por el estado o las élites gobernantes con la amenaza latente de usar la fuerza (en algunos casos fuerzas no militares y en otros los militares). Los pueblos indígenas organizados empiezan a dar la lucha por el reclamo de sus derechos, y en especial de sus territorios y tierras que están siendo usurpados. Muchos de esos reclamos se hicieron a través de foros nacionales, regionales o mundiales; y, en muchos casos fue de confrontación directa con los grupos de poder, donde de nuevo los pueblos indígenas han sido reprimidos por el reclamo histórico de sus derechos.

En la mayoría de los estados-nación de Centroamérica, con sus excepciones, la legislación con relación a los pueblos indígenas esta marcada por cuatro etapas:

1. Legislación influida por las Leyes de Indias (1821-1867).
2. Legislación proteccionista (1882-1939)
3. Legislación influida por el movimiento Indigenista Interamericano (1943-1970).
4. Legislaciones locales influidas por los movimientos de los pueblos indígenas (1970 a la fecha)

De acuerdo a estas legislaciones, es notable establecer que los derechos de los pueblos indígenas han estado siempre en función de los intereses del “desarrollo” tal y como fueron concebidas por los gobiernos de turno y los intereses de clase. Y como resultado de ese desarrollo los pueblos indígenas están sumidos en la marginación y empobrecimiento y por lo general representan el segmento más sufrido en el continente y los estados pretenden resolver el problema causado generando políticas integracionistas para los indígenas con el fin de crearles una identidad nacional, borrar sus características de pueblo e integrarlos a un desarrollo extraño a ellos, de ahí que trataran de someterlos con agresiones directas a sus derechos y que como ganancia para estos pueblos es que fueran mantenidos bajo el protectorado estatal. Se crean instituciones estatales para encargarse de los pueblos indígenas, y a nivel continental se conforma el Instituto Interamericano Indigenista (III), organismo dependiente de los Estados Americanos quien se encargará de ejecutar esas políticas de integración. Por supuesto, que el III tiene sus logros, pero la resistencia y la efervescencia de movimientos indígenas logra parar esa influencia y esta institución fenece a finales del siglo pasado al ser superada por los movimientos indígenas.

Hoy los pueblos indígenas de Centroamérica han logrado manifestarse y demandar a los estados haciendo uso de las legislaciones internacionales como el convenio 169 de la OIT, o incluidos en el desarrollo del Plan Puebla Panamá su derecho de participación activa y digna en el mismo.

3.      El Plan Regional y los Derechos Indígenas

Este plan regional en su presentación dice que “pretenden impulsar con más dinamismo el desarrollo centroamericano y del Sur-Sureste de México; buscando revertir las tendencias seculares de deterioro y permitir que sus habitantes accedan a una mejor calidad de vida, prestando especial atención al desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas, promoviendo la inversión y el desarrollo productivo, así como las inversiones estratégicas en infraestructura que permitan comunicarse mejor y aprovechar las potencialidades regionales”. “Este plan se constituye, tanto al interior de México como de Centroamérica en un mecanismo de consulta continua y permanente para perfeccionar una estrategia regional integral y de largo plazo, con la participación de comunidades indígenas, pueblos, organizaciones ciudadanas, empresarios y los distintos ordenes de gobierno. Tendrá siempre como norma  el respeto a la libertad de las regiones y entidades en la definición de su propio destino”[9]. Pero, en la práctica los encargados del plan no cumplieron con ese enunciado al no consultar a los pueblos indígenas y con ello violan en la práctica el Convenio 169 de la OIT, porque sólo realizan la consulta con los pueblos indígenas cuando las iniciativas y los proyectos que componen el plan llegan a un punto crítico, y se encuentran que por lo menos un 50% de sus proyectos tienen una relación directa con los pueblos indígenas; lo que significa una violación a los derechos humanos de estos pueblos, porque el Convenio a la letra dice que cualquier plan o proyecto a realizarse en territorios indígenas los primeros que deben ser consultados para llevarlos a cabo son ellos.

Es por eso, que los encargados del plan al darse cuenta de la violación en que incurrieron recurren a la consulta un año después y lo hacen a través del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) y acuerdan construir una propuesta de un noveno componente, capítulo indígena al plan lo que permite corregir los errores originales del mismo .

El CICA elabora y hace una propuesta para incorporar a los indígenas de forma activa a la estructura del plan y que éste tenga un enfoque pluricultural de todos los participantes. En esta propuesta manifiestan “ser parte de esa diversidad de pueblos que conforman las sociedades centroamericanas, y que constituyen un sin número de pueblos indígenas que han habitado la región y contribuido a la existencia y conservación de los recursos naturales y que la gran mayoría de ellos sobreviven bajo los efectos negativos de la pobreza y la pobreza extrema”[10] sin tener participación de los procesos integradores de la región; y, que hoy con esta nueva versión del desarrollo siguen siendo excluidos, marginados y discriminados. Su nueva postura ante estos embates de los estados modernos del área es que los estados tengan un reconocimiento tácito de la realidad pluricultural, de los problemas generados y mantenidos por ellos y los sectores privados de la producción, en su afán por acumular capital y controlar el poder político.

Al analizar el Plan Puebla Panamá como fue presentado, acuerdan no apoyarlo tal y como está, porque sería negar la existencia de los pueblos indígenas y los principios esenciales  de construir sociedades más democráticas y un desarrollo social en paz. Los indígenas dicen que “los estados deben reconocer la realidad multiétnica de la población mesoamericana y abordarla en su máxima dimensión, principalmente en  propuestas como este plan, donde radica la responsabilidad de generar alternativas viables a los ideales de integración, paz, democratización y desarrollo”. De este análisis se puede concluir que los pueblos indígenas están dispuestos a participar en él, siempre y cuando sean actores y no sólo espectadores al desarrollo arrollador de las propuestas del sector privado.

La participación se plantea “dentro del marco de la igualdad y complementariedad, con la claridad suficiente y la definición de reglas claras que permitan generar responsabilidades y compromisos específicos”[11], y que para tal acción se respeten sus propios mecanismos de elección y participación en el plan.

Al analizarse el tema indígena en el plan, existe una relación directa con la vida comunitaria de estos pueblos, pero no hay incorporado en ninguno de ellos  esa visión indígena del desarrollo y por lo tanto los proyectos no consideran el beneficio directo para el desarrollo comunitario y cultural. Es importante incluir en cada una de las iniciativas ese enfoque pluricultural tanto en lo político como en lo técnico, de tal forma que cualquier decisión y acción que se realice sea en beneficio de las colectividades.

La participación activa dentro del plan por los pueblos indígenas está en función de su concepción del desarrollo y manifiestan textualmente que “la visión de desarrollo tecnológico, moderno y globalizador que impulsan las economías del primer mundo plantean una clara diferencia con los pueblos indígenas; porque estos  sustentan su desarrollo en la organización social, política y en un modelo económico con una relación social en lo colectivo, comunitario y en convivencia con la naturaleza; y, el desarrollo globalizador lo hace en lo individual, privado y en detrimento de la naturaleza”[12].

En resumen, manifiestan que para empezar una relación positiva y para que los pueblos indígenas participen del plan, deben corregirse una serie de atropellos y exclusiones del cual han sido objeto, por lo que el estado y los grupos de poder deben voltear a ver esos problemas y proponer un desarrollo plural en la cual exista un respeto por todas las manifestaciones culturales que existen en la zona de influencia.

4.      Conclusiones

El plan es un instrumento útil en el desarrollo regional, siempre y cuando considere el aspecto social y no se manifieste como un proceso de apropiación de los recursos por el sector privado en clara violación a los derechos indígenas.

La relación del plan con los pueblos indígenas, obliga a analizar sus antecedentes y los derechos humanos, porque se ha concebido como un instrumento de sometimiento y avasallamiento de estos pueblos, creando marginación y pobreza extrema.

Los derechos humanos de los pueblos indígenas siempre han estado presentes en la historia, desde la composición de las colonias hasta la creación de los diferentes estados-nación centroamericanos; y, es por eso que las Leyes de Indias se vieron en la necesidad de legislar sobre el tratamiento de estos pueblos.

Las Leyes de Indias fueron un instrumento jurídico de la Corona para “proteger” a los indígenas pero también sirvió para violar sus derechos ancestrales sobre la tierra y sus territorios, su visión del mundo y la imposición de una religión extraña a su propio desarrollo cultural.

Los pueblos indígenas han planteado que ante los embates de los estados modernos y los sectores privados de producción, estos deben reconocer tácitamente la realidad pluricultural, los problemas generados y mantenidos por ellos, en su afán por acumular capital y controlar el poder político.

En base a la legislación internacional, los pueblos indígenas de Centroamérica han logrado manifestarse y demandar a los estados incluidos en el desarrollo del plan regional su derecho a participar activa y dignamente en el mismo.

Se concluye, que para empezar una relación positiva entre pueblos indígenas y estados y que exista una participación en el plan, deben corregirse una serie de atropellos y exclusiones del cual han sido objeto; y, que el estado y los grupos de poder deben voltear a ver esos problemas y proponer un desarrollo plural en la cual  exista un respeto por todas las manifestaciones culturales que existen en la zona.

5.      Bibliografía

Cienfuegos S, David. 2005. Historia de los derechos humanos, Apuntes y textos históricos, edita CDDH del Estado de Guerrero, México.

Consejo Indígena de Centroamérica. 2002. Propuesta Indígena para PPP. México

INCAE/CLACDS, HIID.1999. Centroamérica en el siglo XXI. Una agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.

Morales, M. Braulio. 2006. Tesis de Doctorado. Análisis del Impacto del Plan Puebla Panamá en los pueblos indígenas de Centroamérica y en especial de Costa Rica. México.

OIT. 1996. Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. San José, Costa Rica.

Propuesta ejecutiva del Plan Puebla Panamá, junio de 2001.

Resoluciones de XV Cumbre de Presidentes Centroamericanos. 1994. Guácimo, Costa Rica.